¿Qué fue lo que se propuso y por qué se armó debate?
A mediados de 2025, dentro del Paquete Económico para 2026 se incluyó una medida fiscal que llamó muchísimo la atención: un impuesto especial del 8% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para videojuegos que se consideraran con contenido violento. Esa tasa extra se pensaba aplicar tanto a formatos físicos como digitales, y hasta a compras dentro de los juegos o suscripciones, con el objetivo declarado de desincentivar el consumo de títulos que—según el argumento oficial—podrían relacionarse con conductas agresivas.
Para quienes están metidos en la onda gamer, esta idea no pasó desapercibida: desde debates en redes hasta análisis de lo que significaría pagar más por lanzamientos esperados, el tema prendió en la comunidad.
Giro de 180°: cancelación oficial
El 23 de diciembre de 2025, la presidenta anunció desde la conferencia mañanera que el impuesto del 8% a los videojuegos violentos ya no se aplicará, aunque sí había quedado formalmente en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso.
La razón principal que dio es muy concreta: no existe una forma clara de distinguir qué videojuegos son “violentos” y cuáles no. ¿Quién decide? ¿Con qué criterio técnico o legal? Esa falta de definición hace inviable su aplicación práctica y fiscal.
“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no, entonces, cómo le vas a poner un impuesto, quién va a determinar esa circunstancia.” — explicó la presidenta en conferencia. El Heraldo de México
Así que aunque la idea había sido aprobada, el gobierno decidió no cobrarlo y optó por dejarlo en pausa con la intención de no afectar ni generar problemas legales o administrativos.
¿Y ahora qué onda con los videojuegos y la estrategia del gobierno?
En lugar de aplicar este gravamen, lo que anunció la administración es que se impulsarán campañas de concientización e información dirigidas a jóvenes y adolescentes. La idea, según las declaraciones, es hablar sobre el uso de videojuegos y posibles riesgos, como adicción o efectos en conductas, aunque el enfoque pasa por la prevención más que por la recaudación.
Gamers y sectores críticos celebran que no habrá un impuesto extra que encarecería títulos y servicios, especialmente en un contexto donde los videojuegos ya representan una parte importante del entretenimiento digital.
-CÉSAR ROSALES
