En las últimas semanas el país ha estado escuchando lo mismo: discusiones, marchas, bloqueos carreteros y mil debates alrededor de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, propuestas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.
No es exageración decir que este combo legislativo abrió un tema que lleva décadas atorado: quién controla el agua, cómo se reparte, y qué tanto el sistema actual favorece —o no— a concesionarios, comunidades y agricultores.
Y sí: en 2026 seguiremos oyendo de esto.
¿Qué está proponiendo la nueva ley?
La iniciativa llega para “garantizar el derecho al agua”, como marca el artículo 4 de la Constitución. Según Sheinbaum, la Ley de 1992 convirtió el agua en mercancía, permitió el acaparamiento y dejó que muchos concesionarios esquivaran impuestos.
La nueva propuesta busca darle la vuelta… pero el camino ha sido todo menos simple.
Desde su presentación, la iniciativa provocó opiniones opuestas, protestas y cierres carreteros de agricultores que pedían ajustes. Eso llevó a la Cámara de Diputados a modificarla con 50 cambios.
El resultado sigue siendo polémico.
Los puntos que están encendiendo el debate
1. Comunidades indígenas fuera de la mesa
La organización Fundar señaló que tanto la iniciativa original como la versión modificada no incluyen a las comunidades originarias como actores con derecho pleno a decidir sobre sus propias fuentes de agua. Además, dejan abierta la puerta para que el agua en territorios indígenas pueda concesionarse sin su consentimiento.
Para quienes defienden estos derechos, eso no es menor.
2. Todo el poder en manos de Conagua
La reforma entrega el control de concesiones y consumo directamente a Conagua, eliminando el papel que antes tenían 13 organismos locales de cuenca.
Para analistas como Óscar Ocampo (IMCO), esto podría abrir espacio a decisiones discrecionales, porque ya no habría un órgano externo revisando criterios.
Los organismos locales tenían una ventaja clave: conocían las necesidades reales de cada región.
3. Un modelo que huele al 92
De acuerdo con la Contraloría Nacional del Agua, la estructura que se conserva se parece demasiado al modelo creado hace más de treinta años. Su postura: esos organismos de cuenca históricamente han servido más a grandes concesionarios que a ciudadanos.
Por eso consideran que “cambios” que en realidad mantienen el sistema, no resuelven la raíz del problema.
El tema que detonó protestas
Antes de los cambios, agricultores exigieron que la herencia fuera reconocida como causa legal para mantener un título de agua. Tras los ajustes, se logró: el fallecimiento del titular ya no significa que se pierda la concesión. Este punto bajó algo de tensión… pero no resolvió las demás inconformidades.
¿Es buena o mala la nueva ley?
No es tan sencillo. Hay avances en cuanto al derecho humano al agua, pero organizaciones, especialistas y comunidades siguen señalando riesgos: falta de presupuesto para Conagua, poca supervisión externa, concesiones en territorios indígenas, y estructuras que mantienen prácticas del pasado.
En resumen: su aprobación no significa que el debate esté cerrado.
